Escrito por parte de Luis Carrillo

Junio de 2018

Los legisladores estatales no han presentado un proyecto de ley que requiere que los distritos escolares reporten las denuncias de abuso sexual en las escuelas públicas a otros distritos escolares. Lo que comúnmente se llama “pasar la basura” implica la liberación silenciosa de un maestro(a), entrenador o empleado sospechoso de conducta sexual inapropiada con niños sin dar la notificación adecuada a otro distrito o escuela que desee contratar al autor acusado. Cuando el Bill del Senado 1456 fue presentado recientemente al comité de educación de la legislatura estatal, chocó contra una barrera de oposición por parte de la Asociación de Maestros de California citando preocupaciones sobre violaciones a los derechos civiles.

Actualmente, la ley de California exige que los funcionarios escolares reporten las denuncias de abuso infantil a la policía o a una agencia de bienestar infantil del condado, porque los funcionarios escolares son informantes obligatorios y, por ley, deben denunciar un posible abuso infantil. Pero no hay ninguna ley en los libros que obligue a los distritos a divulgar información a los posibles empleadores sobre el presunto abuso infantil de un ex-empleado. Al no advertir a otras escuelas sobre posibles depredadores, esta brecha en los informes pone en peligro la seguridad y el bienestar de los niños.

Este ciclo peligroso es habilitado por los administradores del distrito escolar que tienen temor de litigación y controversia. Esta práctica imprudente es muy similar al escándalo de abuso sexual que plagó a la Iglesia Católica, donde los maestros (como sacerdotes) acusados de mala conducta sexual con niños fueron trasladados de escuela a escuela. Más sorprendente es que los administradores de las escuelas eligen no hacer nada cuando se les confronta con información sobre acusaciones de abuso.

En mi experiencia luchando por la justicia en nombre de las víctimas de abuso sexual escolar, los empleados de la escuela, como los maestros, que se aprovechan de los estudiantes no detienen su comportamiento sólo porque cambian de trabajo. Los depredadores sexuales continúan abusando sexualmente de los niños hasta que son arrestados. Cuando los administradores escolares no logran detener este comportamiento, los depredadores continúan abusando sexualmente de los estudiantes durante un período de muchos años.

Los opositores argumentan que el proyecto de ley niega el proceso debido o el recurso legal para la persona acusada de irregularidades. El comité sugirió excluir a los empleados no docentes, como custodios, conductores de autobuses y secretarias, y no exigir que los solicitantes de empleo divulguen las acusaciones de mala conducta. Esas enmiendas propuestas a la SB 456 habrían dejado sin efecto la legislación, lo que limitaría su impacto en la seguridad de los estudiantes. Es desalentador que los opositores a la ley no estén haciendo más para proporcionar protecciones más fuertes para los niños de nuestro estado. El problema de la mala conducta sexual en las escuelas está más extendido de lo que muchos creen.

Según un estudio del Departamento de Educación que examinó la omnipresencia del abuso sexual en los maestros, el 10 % de los estudiantes encuestados afirmaron haber sufrido abuso sexual por parte de un empleado de la escuela. De los que dijeron que habían sido abusados, el 38% estaban en la escuela primaria y el 56% de los estudiantes estaban en la secundaria o preparatoria. El estudio también encontró que los estudiantes negros y latinos eran más propensos que los blancos a ser víctimas de abuso sexual en la escuela. Existe una ley federal que protege a menores y estudiantes, pero el Departamento de Educación prácticamente no tiene poder para ponerla a prueba.

Otros cuatro estados, Pennsylvania, Connecticut, Nevada y Nueva Jersey han promulgado leyes y se están considerando proyectos de ley similares para “pasar la basura” en Massachusetts y Oregón. Este problema no debería ser controvertido y debería ser fácil de solucionar. Los legisladores de California deben trabajar juntos para que se apruebe esta legislación para proteger a nuestros niños, que son los más vulnerables de nuestra sociedad.